Al terminar la guerra de 1936 las autoridades de la dictadura iniciaron una intensa campaña para esconder las consecuencias de la dura represión que habían aplicado para destruir la democracia. El dictador Francisco Franco quería aparecer ante el mundo como una víctima y no como un verdugo. Con ese objetivo escondió los efectos de su represión hasta condenarlos a la inexistencia: durante décadas negó la existencia de presos políticos, impidió que las viudas de los republicanos vistieran de luto o que muchas de las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por sus pistoleros no pudieran ser inscritas en sus registros civiles.

En esos años de la posguerra el franquismo realizó exhumaciones de fosas comunes, dio becas para huérfanos, pensiones, puestos de trabajo en la función pública para toda la vida… a los que habían padecido la represión de los republicanos. Y como colofón a su política de autovictimización creó el Valle de los Caídos, para ensalzar a "sus muertos". El general Franco creó un sistema de apartheid, donde unos tenían todas las oportunidades y otros las migajas. Eso hizo que sólo tuvieran derecho a existir los muertos franquistas y no lo tuvieran los muertos republicanos.

Durante toda la dictadura las fosas de los republicanos durmieron, esperaron. Si la muerte de los muertos es el olvido, los asesinados republicanos sobrevivieron en la memoria de sus seres queridos, de sus vecinos; también en la de sus asesinos.

Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, las fosas comunes comenzaron a salir de la clandestinidad. Unos poco familiares comenzaron a acercarse a ellas. Los que no sabían dónde se encontraban susurraban preguntas, buscaban personas en las que pudieran confiar para dirigirse hacia ellas. Pero la mayoría seguía paralizada por el miedo, esa suela dura, punzante, fría y húmeda que deja una terrible y profunda huella
por donde pasa.

Ni el miedo ni la memoria descansaban, a pesar de los primeros cambios políticos, esperando una señal que hiciera hablar a la tierra, donde se encontraban ocultos los cuerpos de miles de hombres y mujeres que habían sido considerados igual de peligrosos para el régimen franquista cuando estaban vivos que cuando estaban muertos.

Fue tras las elecciones municipales de 1979 cuando los partidos clandestinos, perseguidos, ilegalizados durante la dictadura alcanzaron poder político. Y entonces en pueblos de La Rioja, Navarra o Soria comenzaron a llevarse a cabo exhumaciones de fosas comunes e incluso manifestaciones frente a las casas de los pistoleros de Falange en las que se exigía justicia. Un movimiento social creciente, que se fue extendiendo hasta que el miedo volvió a agitarse, vestido de guardia civil, con una pistola en la mano y gritando en el Congreso de los Diputados: "¡Quieto todo el mundo!" El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 paralizó a los familiares y devolvió a la clandestinidad a las fosas comunes. El temor al regreso de la dictadura activó una situación de alerta en la que las víctimas de la dictadura franquista volvieron a imaginarse perseguidas por una nueva ola de represión.

Tuvieron que pasar veinte años, lo que los sociólogos consideran una generación, para que de nuevo la memoria recuperase sus labores. Ocurrió en Priaranza del Bierzo, un pequeño pueblo de la provincia de León. Fue en octubre del año 2000. Un grupo de arqueólogos y forenses iniciaron las labores de exhumación de una fosa común en la que se encontraban los restos de trece republicanos asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936.

Aquella exhumación agujereó el silencio, abrió una grieta en el centro del miedo, causó una fractura en el imaginario en el que los familiares de los republicanos asesinados habían quedado atrapados. Y la tierra comenzó a despertar y los nietos de muchos de esos republicanos se acercaron a ella, comenzaron a hacerse muchas preguntas, a querer saber, a negarse a aceptar la ignorancia acerca del pasado, a la que les había condenado el miedo y el silencio.

De la exhumación de Priaranza del Bierzo surgió la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) como una respuesta para ayudar a algunos familiares que habían llegado hasta la fosa para pedir ayuda. Eran sobre todo mujeres, como Isabel González Losada, que buscaba a su hermano Eduardo, asesinado después de entregarse con la supuesta garantía de que no le ocurriría nada por no tener delitos de sangre. O Aníbal Arroyo, nieto de un asesinado en Toreno (León), que permaneció en silencio junto a la fosa, sin decir por qué se había acercado a presenciar la exhumación hasta que alguien le hizo varias preguntas y confesó ser descendiente de un republicano desaparecido. Así, la búsqueda de uno de los nietos que quiso identificar los restos de su abuelo, conectó con familiares de otras fosas y pasó de lo individual a lo colectivo.

De esa forma se inició un movimiento social que se ha extendido a todo el territorio del Estado. La verdad oculta por el franquismo comenzaba a salir a la luz y los republicanos y las republicanas que habían permanecido tantos años en las fosas comenzaban a establecer un diálogo con el presente; se contaban sus historias, quiénes eran, qué ideas tenían, cómo los asesinaron, cómo padecieron sus familias la represión de la dictadura. Eso ha hecho que en los últimos años se haya producido en nuestra sociedad un necesario debate acerca de qué debemos hacer con las secuelas de la dictadura franquista.

La exhumación de una fosa común es un hecho de una profunda intensidad. De repente, el recuerdo de la represión, que ha sido un tabú, rompe las ventanas de las cocinas, convierte los susurros en voces y el silencio desaparece de los espacios públicos, para que la historia de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo termine de una vez por todas con las últimas conquistas de la represión franquista; la inercia de una memoria cautiva y desarmada que recupera la palabra, el reconocimiento y la libertad para disfrutar sin límites de la democracia.

En la exhumación se entrecruzan y regresan todas las consecuencias de la represión. El miedo, que se desmorona como un reflejo condicionado por el hecho de que no vuelve la represión tras la realización de la exhumación que es un reto al pasado y al presente. Las emociones, las que hubo que ocultar y auto reprimir, como una forma de desvincularse de esos muertos. El duelo, que por fin encuentra, siete décadas después, un camino por el que desarrollarse con cierta normalidad; con acompañamiento del entorno social y con total libertad para las emociones.

Es importante que una sociedad se responsabilice de las consecuencias de su pasado. Y con cada exhumación, con cada homenaje, libro, documental, grabación de un testimonio, la sociedad civil está reconstruyendo en el presente el reconocimiento que merecen los hombres y las mujeres que construyeron durante la Segunda República nuestra primera democracia: ellos, fueron aplastados y castigados por un grupo de militares que defendieron los privilegios de unos pocos, frente a la posibilidad de construir una sociedad más justa. Nosotros, tenemos que construir después de tantos años la justicia que nunca han tenido; incorporarlos a nuestra memoria colectiva, ese panteón en el que deben estar aquellos que trabajaron, lucharon y sufrieron por el bien de todos. Por eso es bueno que la tierra ya no duerma.